Es una nueva directiva sobre eficiencia energética que obliga a renovar un mínimo de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas; las compañías energéticas también tendrán que presentar planes de ahorro; y, se estima que la reducción del consumo energético de la UE en un 20% puede ahorrar cerca de 50.000 millones de euros al año.
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